Los más afectados por el cambio climático no tienen derecho a decidir sobre su futuro

Cada día que pasa el debate sobre la desigual distribución de poder entre jóvenes y adultos va a irse recrudeciendo. La longevidad y la reducción de los índices de natalidad va convirtiendo la pirámide tradicional en un cilindro más o menos irregular. Pero, el poder económico, político y social se concentra de manera clara en la parte superior de ese cilindro. 


elDiario.es

Joan Subiráts

25 de marzo de 2024


Contaminación urbana.  Huermur

No debe pues extrañarnos que las encuestas de opinión vayan mostrando grietas significativas sobre el apego de los más jóvenes a un sistema democrático lleno de promesas y garantías que, a la hora de la verdad, no ven materializadas de manera efectiva. 


El derecho al voto no es una panacea frente a un tema mucho más complejo, pero no debería tampoco dejarse de lado. Las elecciones europeas del 9 de junio pondrán de nuevo de relieve el tema.  En efecto, al margen de los tres países (Austria, Bélgica y Malta) que ya tienen establecido este criterio para el conjunto de elecciones, Alemania y Grecia lo permiten específicamente para las elecciones europeas (aunque en el caso de Grecia los jóvenes de 16 años que voten deberán cumplir los 17 años a lo largo del 2024). En España se viene discutiendo del tema desde hace tiempo, y de hecho el Consejo de la Juventud y algunos partidos lo han ido apoyando sin que haya llegado a concretarse. Los argumentos esgrimidos a favor ponen de relieve lo que ello implicaría de armonización con las edades legales para trabajar, pagar impuestos, estar sujetos al derecho penal o tantas otras cosas. Estamos hablando de más de ochocientas mil personas que se añadirían al censo electoral. Los argumentos en sentido contrario apuntan a posibles problemas de inmadurez, de un exceso de emotividad o la falta de una demanda real en un colectivo más bien desmovilizado cuando se trata de votar, lo que haría aumentar el índice de abstención. 


Pero, al margen de las consideraciones generales que se vienen discutiendo desde hace muchos años (el demógrafo Paul Demeny lo planteó en 1920 en Francia), el debate se ha recrudecido recientemente al entenderse que, en plena crisis de emergencia climática, eran apartados del derecho a decidir sobre su futuro a quiénes más van a sufrir las consecuencias, muchas de ellas irreversibles, de lo que hoy se decide.


Hace unos días Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, exponía la falta de atención de las instituciones norteamericanas ante la demanda de los jóvenes para enfrentarse a la emergencia climática. Lo que le impulsaba a hacerlo era la demanda “Juliana vs United States” que lleva casi diez años tramitándose en el sistema judicial estadounidense. En el 2015, 21 jóvenes, de entre 9 y 18 años de todo el país, presentaron una demanda en un tribunal del estado de Oregón, (donde residía Kelsey Juliana, una de las demandantes y que ha dado así nombre al caso) exigiendo que las decisiones del gobierno tuvieran en cuenta todo aquello que pudiera afectar el cambio climático, ya que afecta a su derecho constitucional a la vida y a la libertad y además, lo que hoy se decide afecta a su futuro más que a otras personas que vivirán menos años. 


Los demandantes afirman que nunca en la historia un gobierno ha tomado decisiones a sabiendas que sus efectos pondrían en peligro la supervivencia del planeta y de la humanidad, y en cambio el gobierno de los EEUU lo hace sistemáticamente financiando y subvencionando la industria petrolífera, a pesar de que el nexo causal entre los carburantes de origen fósil y el calentamiento global está abrumadoramente demostrado. Se trataba pues de una demanda bien fundamentada y ampliamente apoyada con la que, como en otras demandas históricas bien conocidas, se pretendía ir escalando posiciones en el sistema judicial hasta llegar al Tribunal Supremo. Como es bien sabido, las sentencias de este alto tribunal tienen la consideración de verdaderas enmiendas constitucionales, que afectan al conjunto de estados de la Unión. No es pues extraño que la demanda haya tratado de ser constantemente paralizada para evitar su escalada, hasta el punto de que no existen precedentes similares en la historia judicial estadounidense. En Netflix se puede ver el magnífico documental del 2020 (Youth v Gov) que ilustra y explica el proceso aún en marcha.


En el fondo del asunto late una contradicción evidente: los más afectados por las decisiones de hoy no ven reconocido su derecho a participar en ellas, ni de manera directa ni de manera indirecta. Si no pueden votar, les quedan las garantías del sistema judicial, pero ahí también las interferencias de los que si que votan y de aquellos con recursos de todo tipo que condicionan el ejercicio del voto, son más poderosos que sus razones.


Las decisiones políticas que tienen efectos en los condicionantes de la emergencia climática son muchas y muy variadas. Las políticas públicas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente y que tratan de evitar que las decisiones que tomemos hoy afecten de manera irreversible nuestro ecosistema tienen un contenido básicamente regulatorio. Los que nos dedicamos al análisis de las políticas públicas sabemos que este tipo de políticas no son fáciles de desplegar. Y ello es así ya que los afectados por los costes que suponen la implementación de tales decisiones son muy claros. Tienen nombres y apellidos. Tienen sedes empresariales y financieras bien conocidas. Y cuentan con equipos y recursos preparados para hacerles frente. Y en el documental mencionado puede constatarse de manera clara. En cambio, los potenciales beneficiarios de tales medidas son anónimos por el hecho de ser universales. Somos todos y ninguno en concreto. Además, para acabarlo de complicar, los beneficios potenciales a alcanzar están situados en el futuro más o menos cercano. Los costes, en cambio, acostumbran a ser perceptibles e inmediatos. O, dicho de otra manera, los costes son muy visibles para los que tienen derecho a voto, mientras que los beneficios se trasladan en buena parte a aquellos que aún no tienen capacidad para influir en las decisiones del día a día.


Ese es, en definitiva, el mensaje que hay detrás de la demanda Juliana, y de muchas otras movilizaciones de los jóvenes contra la brutal distancia entre las evidencias que tenemos sobre las causas y los efectos de la emergencia climática para las generaciones futuras, y las grandes dificultades de todo tipo que existen para hacerle frente con políticas efectivas. Si no pueden hacer oír su voz y tener incidencia los que más preocupación exhiben sobre el futuro que les espera, no nos extrañemos si van perdiendo su confianza en la capacidad del sistema democrático de encarar los graves retos pendientes.

Rego impulsa la creación de un grupo de trabajo con las principales organizaciones del tercer sector para combatir la pobreza infantil

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha reunido con las principales entidades del tercer sector de protección a la infancia con el objetivo de impulsar durante esta legislatura un pacto de Estado contra la pobreza infantil fruto de "un diálogo abierto con varios de los niveles competenciales y sociales".


La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto a los representantes de las principales entidades del tercer sector de protección a la infancia

En este sentido, el ministerio y las organizaciones sociales han acordado la creación de un grupo de trabajo estable que arrancará tras la Semana Santa y cuya hoja de ruta debe estar definida en 2024. Estará conformado, en inicio, por representantes de UNICEF, Plataforma de Infancia, Save the Children, Cruz Roja, Mensajeros de la Paz, Cáritas y Fundación Secretariado Gitano, hoy presentes en la reunión, a las que podrán sumarse otras.


El Ministerio de Juventud e Infancia impulsará, además, la creación de un grupo de trabajo interministerial en el que se hará seguimiento y se coordinará la respuesta transversal del Gobierno a esta problemática. Así mismo, el objetivo es involucrar a los distintos partidos políticos que conforman el arco parlamentario, así como a comunidades autónomas y ayuntamientos, que tienen atribuidas competencias, para prevenir la pobreza y, con ella, la exclusión social y la discriminación.


El compromiso del ministerio es aumentar las partidas destinadas a la infancia en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2025, para corregir así los datos que sitúan a España casi un punto porcentual por debajo de la media de la Unión Europea.


Rego ha recordado el impulso que supone la Ley de Familias en esta lucha. Además, la ministra y las entidades han coincidido en la necesidad de poner en marcha una prestación universal a la crianza por hijo o hija a cargo hasta los 18 años, respaldado por las instituciones europeas, así como revisar los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital.


La ministra ha concluido la reunión reconociendo el trabajo realizado por las entidades sociales y su disposición para seguir avanzando conjuntamente hacia una sociedad más justa.

Silenciadas, un anñalisis sobre agresiones sexuales en la adolecencia.

Nota: el pasado día 22 aquí fue publicado un estudio sobre el mismo asunto realizado por el Observatorio Social de la Fundación la Caixa: https://gsia.blogspot.com/2024/03/violencia-en-las-relaciones-de-pareja.html .

Apuntamos aquí éste de Save The Children, realizado en la Dpto. de Sociología de la Universidad de Granada.

Ambas inciden en la necesidad de apartar estos hechos de los alarmismos  y 
profundizar en su conocimiento, para poder articular más certeramente la prevención e intervención. 

"Sigue siendo poco habitual que la adolescencia, en su conjunto, cometan delitos
graves. La reducción de la edad de responsabilidad penal puede llevar a la judicialización inadecuada o excesiva de cuestiones que encontrarían una respuesta más adecuada y efectiva en otras instancias de control social".



Esta publicación ha sido elaborada a partir de la investigación previa
a cargo de la Universidad de Granada, realizada por Carmen Ruiz Repullo,
docente e investigadora adscrita al Departamento de Sociología.


Introducción
Las agresiones sexuales cometidas por adolescentes son una preocupación creciente en los últimos años que merece un análisis en profundidad desde una perspectiva de derechos de infancia y adolescencia, así como de género
.
Aquellas cometidas en grupo son especialmente un delito cada vez más visible en nuestra sociedad, dada la gravedad de la violencia y el impacto mediático que ha tenido en los últimos años.
Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer en su investigación y abordaje.
Cuando aparece un caso en los medios de comunicación salta una señal de alarma automática que nos hace replantearnos qué está ocurriendo en la infancia y adolescencia y qué hemos pasado por alto desde el mundo adulto.

La criminalidad infanto-juvenil, al tratarse de una problemática vinculada a la etapa de desarrollo de la adolescencia, es distinta de la adulta y, en ocasiones, más compleja.
Como ya hemos avanzado en anteriores ocasiones, es una fase compleja caracterizada por la ruptura con la infancia y el tránsito a la edad adulta, acompañada de cambios físicos y psicológicos, en la que el grupo de iguales pasa a ser el eje de referencia y van evolucionando de una situación más dependiente hacia una mayor autonomía.

Por ello, desde Save the Children hemos querido adentrarnos en esta forma de violencia a través de una reflexión que pretende averiguar si verdaderamente la alarma social se ajusta con la realidad. Para ello, además de una revisión de los datos oficiales y de la literatura, hemos consultado a adolescentes, profesionales de distintos ámbitos y personas expertas en la materia.
Este documento no pretende ser un análisis exhaustivo cualitativo y cuantitativo del fenómeno ni tiene como objetivo desgranar el marco jurídico y legislativo.

Se trata de presentar una radiografía de las cuestiones más relevantes de la violencia sexual entre adolescentes y su impacto en la infancia, la adolescencia y la sociedad.
Esta no es una tarea sencilla, especialmente en un tema sensible que no es ajeno a la polarización social actual. Sin embargo, esperamos que sirva de motor a una mayor investigación y que contribuya a despejar ciertas dudas o mitos, así como a hacernos las preguntas adecuadas para erradicarla...

Córdoba acogerá el I Congreso Internacional de Investigación e Innovación sobre los Derechos de la Infancia

Córdoba acogerá el próximo mes de abril el I Congreso Internacional de Investigación e Innovación sobre los Derechos de la Infancia (Crecer), con la participación de especialistas en la materia procedentes de distintas universidades españolas, de Portugal y de Sudamérica, como respuesta a “la necesidad de proyectar la importancia que tiene la formación de nuestra infancia en la sociedad presente y futura”.


CORDOPOLIS

elDiario.es

Europa Press

24 de marzo de 2024


La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de Córdoba acogerá el Congreso Crecer.

Ello además debe hacerse, según recoge la web oficial del congreso, consultada por Europa Press, “implicando a los diferentes agentes sociales”, es decir, a “profesionales, investigadores, docentes, familias, responsables políticos y a la ciudadanía en general”.


En concreto, el Congreso Crecer “surge de la dilatada trayectoria y experiencia en investigación e innovación educativa del Grupo Incide (Infancia, Ciudadanía, Democracia y Educación) de la Universidad de Córdoba (UCO) y del Grupo Equidad e Inclusión Educativa de la Universidad de Murcia.


El encuentro, además del objetivo ya descrito, busca “impulsar la motivación y la pasión profesional de quienes se encargan de la educación de las primeras edades, proporcionando un contexto de intersección entre la formación docente inicial y permanente”.


La cita persigue, igualmente, “analizar el influjo que tiene el escenario social digital en los niños y niñas, y establecer un foro de debate, en el que participarán expertos de la educación, a nivel teórico y práctico”, con el fin de “conocer y analizar las propuestas más actualizadas para el desarrollo de la infancia, desde un enfoque interdisciplinar e internacional”.



CRECER


La organización del I Congreso Internacional de Investigación e Innovación sobre los Derechos de la Infancia (CRECER), surge por la necesidad de proyectar la importancia que tiene la formación de nuestra infancia en la sociedad presente y futura, implicando a los diferentes agentes sociales: profesionales, investigadores/as, docentes, familias, responsables políticos y a la ciudadanía en general.

CRECER pretende convertirse en una plataforma que impulse la motivación y la pasión profesional de quienes se encargan de la educación de las primeras edades, proporcionando un contexto de intersección en el que se dan la mano la formación docente inicial y permanente. Se trata de trazar una línea formativa que atraviese toda la carrera profesional, desde el estudiantado universitario hasta los docentes en servicio.

Este congreso se desarrollará los días 3 y 4 de abril de 2024 en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (de forma presencial) y de manera online (síncrona en tiempo real), con el objetivo de permitir la participación de toda la comunidad educativa. Se podrán presentar propuestas en español, inglés o portugués.


Programa del Congreso



El Nº de niños y niñas que murieron antes de cumplir cinco años alcanzó un mínimo histórico en 2022.

El número de niños y niñas que murieron antes de cumplir cinco años 
alcanzó un mínimo histórico en 2022 al descender a 4,9 millones, 
según las últimas estimaciones publicadas por el Grupo Interinstitucional 
de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil. 




El informe revela que en la actualidad sobreviven más niños y niñas que nunca, y que la tasa mundial de mortalidad de menores de 5 años ha descendido un 51% desde 2000. Varios países de ingresos bajos y medianos bajos han superado incluso este descenso, lo que demuestra que es posible progresar cuando se asignan recursos suficientes a la atención primaria de salud, incluida la salud y el bienestar infantiles. Por ejemplo, los resultados muestran que en Camboya, Malawi, Mongolia y Rwanda se ha reducido la mortalidad de menores de 5 años en más de un 75% desde 2000.

Pero los resultados del informe también indican que, a pesar de estos avances, aún queda un largo camino por recorrer para poner fin a las muertes infantiles y juveniles evitables. Además de los 4,9 millones de vidas perdidas antes de los 5 años –casi la mitad de las cuales eran de recién nacidos–, también se truncó la vida de otros 2,1 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 24 años. La mayoría de estas muertes se concentraron en África Subsahariana y Asia Meridional. 

Esta trágica pérdida de vidas se debe principalmente a causas que se pueden evitar o tratar, como el nacimiento prematuro, las complicaciones que se producen durante el parto, la neumonía, la diarrea y el paludismo. Muchas vidas podrían haberse salvado con un mejor acceso a una atención primaria de salud de alta calidad que incluyera intervenciones esenciales y de bajo costo, como vacunaciones, disponibilidad de personal sanitario cualificado en el momento del nacimiento, apoyo temprano y continuado a la lactancia materna, y diagnóstico y tratamiento de enfermedades infantiles. 

Para mejorar el acceso a servicios sanitarios de calidad y acabar con las muertes infantiles que se pueden evitar es necesario invertir en educación, empleo y condiciones laborales dignas para los trabajadores de la salud que prestan servicios de atención primaria, incluidos los trabajadores comunitarios.  

Como miembros de confianza de la comunidad, los trabajadores comunitarios de la salud desempeñan un papel importante a la hora de llegar a los niños y las familias de todas las comunidades con servicios de salud que salvan vidas, como vacunaciones, pruebas de detección y medicamentos para enfermedades mortales pero tratables, y apoyo nutricional. Es preciso que estos trabajadores se incorporen a los sistemas de atención primaria y reciban una remuneración justa, una formación adecuada y los medios necesarios para prestar una atención de la máxima calidad. 

Los estudios demuestran que la mortalidad infantil en los países de mayor riesgo podría disminuir sustancialmente si las intervenciones para la supervivencia infantil basadas en la comunidad pudieran llegar a quienes más las necesitan. Este conjunto de intervenciones por sí solo salvaría a millones de niños y niñas y ofrecería una atención más cerca del hogar. La gestión integrada de las enfermedades infantiles –especialmente las principales causas de muerte posneonatal, las infecciones respiratorias agudas, la diarrea y el paludismo– es una medida necesaria para mejorar la salud y la supervivencia infantiles. 

Aunque las cifras mundiales muestran signos positivos de progreso, también hay amenazas y desigualdades considerables que ponen en peligro la supervivencia infantil en muchas partes del mundo. Estas amenazas incluyen el aumento de la desigualdad y la inestabilidad económica, la aparición de nuevos conflictos o la prolongación de otros, la intensificación de las repercusiones del cambio climático y las consecuencias de la COVID-19, que podrían provocar el estancamiento o incluso el retroceso de los avances y la pérdida innecesaria de vidas infantiles. Los niños y niñas nacidos en los hogares más pobres tienen el doble de probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que los nacidos en los hogares más ricos, mientras que los niños y niñas que viven en entornos frágiles o afectados por conflictos tienen casi el triple de probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que los que viven en otros lugares. 

Al ritmo actual, 59 países no alcanzarán la meta de mortalidad de menores de 5 años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 64 países no alcanzarán la meta de mortalidad neonatal. Esto significa que unos 35 millones de niños y niñas morirán antes de cumplir los cinco años de aquí a 2030, un número de víctimas que recaerá en gran medida sobre las familias de África Subsahariana y Asia Meridional o de países de ingresos bajos y medianos bajos. 

Crece el impulso mundial hacia la educación gratuita para todos los niños, niñas y adolescentes

Este año, en el principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, todo indica que podría producirse un gran avance, con las crecientes esperanzas de un nuevo reconocimiento legal del derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación gratuita, desde la educación preescolar hasta la secundaria.


HUMAN RIGHTS WATCH

Nevena Saykova

18 de marzo de 2024



Una niña en su aula de preescolar en Tashkent, Uzbekistán. En 2022, Uzbekistán fue sede de la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia. © 2023 Bede Sheppard / Human Rights Watch

El 20 de marzo, la República Dominicana y otros Estados como Luxemburgo, Sierra Leona, Colombia, Panamá, Nauru, Bulgaria y Rumania, junto con Human Rights Watch, Plan International y Girls Not Brides, reunirán a los países en el Consejo de Derechos Humanos para abordar la necesidad inmediata de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante. Harán hincapié en la intersección fundamental entre la educación preescolar y secundaria gratuita y los derechos humanos, con especial atención al empoderamiento de las niñas y las mujeres.


A nivel mundial, casi la mitad de todos los niños y niñas no están matriculados en educación preescolar, y solo 2 de cada 5 niños y niñas en países de ingresos bajos y medianos bajos asisten a dichos programas. Además, solo el 45 % de los y las adolescentes completaron la escuela secundaria en 2021. Para demasiados niños, niñas y adolescentes, el costo de la educación preescolar y secundaria sigue siendo una barrera importante. El fracaso global en universalizar el acceso gratuito al ciclo completo de educación perpetúa la pobreza y la desigualdad y obstaculiza el progreso y el desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, muchos países de ingresos bajos y medios están dando pasos significativos para ampliar su oferta de educación gratuita. Países como Kirguistán, Madagascar, Nepal y Sierra Leona, entre al menos 110 en todo el mundo, cuentan con leyes que garantizan al menos un año de educación preescolar gratuita y educación secundaria gratuita.


Pero el derecho internacional de los derechos humanos no ha seguido el ritmo de este progreso. Por ejemplo, el tratado de derechos del niño de la ONU, la Convención sobre los Derechos del Niño, no obliga a los Estados a brindar educación secundaria gratuita en las mismas condiciones inmediatas que la educación primaria, ni hace referencia explícita a la educación de la primera infancia. Esta discrepancia está fomentando un creciente apoyo global para consagrar estos derechos en un nuevo instrumento legal: un cuarto protocolo facultativo de la convención. A su vez, una nueva ley internacional podría impulsar una mayor implementación de la educación gratuita en países donde todavía se cobran tasas.


Es imperativo que otros Estados se unan a esta iniciativa. Juntos, pueden garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y alcanzar su potencial, sentando las bases para un futuro más justo y equitativo. 


Vota por la Infancia: La infancia exige sus derechos con vistas a las Elecciones Europeas de 9 de Junio.

El 21 de marzo varias organizaciones presentamos en el Parlamento Europeo 
#EuropeKidsWant.
para que los candidatos a las elecciones europeas den prioridad a la infancia.
En el encuentro la infancia y los representantes políticos debatieron sobre 
cómo integrar las opiniones de los niños y niñas en las prioridades políticas de la UE.
Más de 9.200 niños y niñas expresaron sus opiniones 
en la encuesta Europe Kids Wants sobre temas como la educación, 
la salud mental y cómo abordar el acoso y la violencia.


Cada cinco años, los ciudadanos de la Unión Europea eligen a sus representantes como miembros del Parlamento Europeo. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes no siempre pueden formar parte de esas decisiones críticas que afectan sus vidas.

El Grupo Asesor de UNICEF España, ha estado en el Parlamento Europeo el pasado 21 de marzo: una fecha en la que veintitrés organizaciones que trabajan con niños y niñas presentamos la campaña Vote for Children. Su objetivo es movilizar a los candidatos a las próximas elecciones europeas para que tengan los derechos de la infancia como prioridad durante la próxima legislatura.

Antes UNICEF, Save the Children, Eurochild, Aldeas Infantiles SOS y ChildFund Alliance han trabajado con un Consejo Asesor de la Infancia (compuesto por niños y niñas europeos de diferentes edades y procedencias) para crear la encuesta “La Europa que los niños quieren”.

La consulta se realizó con niños, niñas y adolescentes de 10 a 18 años en toda la Unión Europea, a los que se animó a compartir sus perspectivas sobre los temas importantes para ellos. Más de 9.200 niños y niñas expresaron sus opiniones sobre la educación, la salud mental y cómo abordar el acoso y la violencia.

Los resultados de la consulta se han publicado en un informe, dividido en diferentes temas: educación, salud mental, discriminación, protección, participación, cambio climático y prioridades de la infancia.

 
¿Qué preocupa a los más jóvenes?
#EuropeKidsWant

“El evento trataba de presentar a los eurodiputados los resultados de esta encuesta, y hacerles reflexionar sobre los problemas e intereses de la infancia y adolescencia tiene hoy en día”, explica Daniel. Es difícil saber a nivel “Europa lo que le preocupa a cada niños, niñas y adolescentes”.

En este proceso participaron diez chicos y chicas y al evento asistieron siete. “Yo iba en representación de España, era el único de nuestro país, y el resto de diferentes países europeos”, dice Daniel. Allí se dieron a conocer los resultados de esta encuesta...

Violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes

La violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes se ejerce a través de tres acciones principales: a) el control, limitando el contacto con otras personas a partir, por ejemplo, del escrutinio del teléfono; b) la agresión física, con bofetadas, patadas u otro tipo de agresiones, y c) la agresión sexual, forzando relaciones no deseadas. 


Fundación “la Caixa” - ElObservatorioSocial

Proyecto seleccionado en la Social Research Call 2021 (LCF/PR/SR21/52560016)

Noemí Pereda, Marta Codina y Diego A. Díaz-Faes, Universitat de Barcelona



Dicha violencia puede afectar gravemente a la salud mental y física de los jóvenes, así como a su desarrollo personal e integración social. Con el objetivo de evaluar la prevalencia de la violencia autodeclarada, tanto desde la perspectiva de la victimización como de la perpetración, se ha empleado una muestra representativa de 4.004 adolescentes españoles, de 14 a 17 años, mediante la aplicación de un instrumento ampliamente utilizado en el ámbito internacional.


Puntos clave:


  1. En España, los resultados globales del último año muestran que la tasa de prevalencia de victimización por violencia durante las relaciones de pareja entre adolescentes se sitúa en el 13,6% (chicas: 16,9%; chicos: 10,5%). En cambio, la tasa de perpetración es del 4,8% (chicas: 6,6%; chicos: 3,1%).
  2. Por tipo de violencia, el 10,1% declaran ser víctimas de conductas de control (chicas: 13,3%; chicos: 7,1%). El 4,1% se consideran víctimas de agresión física (chicas: 3,6%; chicos: 4,5%) y el 4,3% de agresión sexual (chicas: 6,6%; chicos: 2,1%).
  3. En cuanto a la prevalencia de perpetración, se observan conductas de control en el 3,0% de los adolescentes (chicas: 4,2%; chicos: 1,9%); de agresión física en el 2,2% (chicas: 3,3%; chicos: 1,1%), y de agresión sexual en el 0,6% (chicas: 0,3%; chicos: 0,9%).
  4. El porcentaje de jóvenes que declaran haber sido a la vez víctimas y perpetradores en alguna relación de pareja en el último año es del 2,9% (chicas: 4,0%; chicos: 1,8%).
  5. En definitiva, los resultados sugieren que las chicas sufren más victimización por control y por agresión sexual que los chicos. En cuanto a los tipos de violencia perpetrada, las chicas declaran más control y agresiones físicas a sus parejas que los chicos. Se observa, también, que las chicas presentan más probabilidades que los chicos de situarse en el rol solapado de víctimas y perpetradoras en sus relaciones de pareja. Estos resultados muestran la complejidad de un problema que requiere un análisis profundo de las relaciones de violencia en las parejas más jóvenes.
  6. Esta radiografía de la violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes es crucial para diseñar políticas de prevención que sean efectivas. Por ello, se está estudiando también la situación de las personas jóvenes más vulnerables; es decir, las que pertenecen a colectivos de riesgo, tienen alguna discapacidad, o presentan problemas de salud mental.


Desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos: riesgos asociados a los usos juveniles

El estudio de los hábitos digitales y las percepciones juveniles alrededor de los mismos es una línea en la que el Centro Reina Sofía de Fad Juventud tiene ya un importante recorrido. Lo hemos abordado desde las oportunidades y las expectativas percibidas, desde las prácticas asociadas a posibles riesgos o a través de ámbitos más concretos vinculados al uso de pantallas y el mundo online, como el conjunto de actividades asociadas al ocio digital, por ejemplo.


Centro Reina Sofía

fad Juventud

Ignacio Megías (2024)


En esta ocasión, y gracias a la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, analizamos la percepción juvenil en relación a los riesgos asociados a las tecnologías, pues las evidencias sobre la identificación o no de dichos riesgos, así como la valoración de los mismos, son claves en la elaboración de programas y campañas de prevención para trabajar con adolescentes y jóvenes.


La población encuestada, chicos y chicas de entre 15 y 29 años, reconoce que pasa demasiado tiempo delante de las pantallas, y hay porcentajes preocupantes que señalan, por ejemplo, el problema del acoso digital, el consumo de pornografía o el juego de apuestas con dinero. Pero al preguntar por lo que más preocupa y los principales riesgos identificados, éstos provienen fundamentalmente de las prácticas que realizan terceras personas en la red, ante las que hay que protegerse, pese a lo que detectamos que no todos atienden con celo al cuidado de su privacidad en su exposición pública en redes sociales. Y algunas cifras invitan a la reflexión colectiva ante un tema que genera mucha preocupación y controversia, y sobre el que se están proponiendo medidas de control y mediación: un tercio de las personas jóvenes no habla con nadie de lo que hace en internet, y más del 40% no ha recibido recomendación de nadie de su entorno sobre cómo mejorar su seguridad o comportarse en internet.


Confiamos en que los datos que proporciona este estudio contribuyan al debate a través de las evidencias, así como a la generación de medidas y propuestas que tengan en cuenta el relato juvenil, su propia valoración del universo digital con sus luces y sus sombras.


Autoría: Megías, Ignacio

ISBN: 978-84-19856-14-2

Cómo citar: Megías, I. (2024). Desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos: riesgos asociados a los usos juveniles de las TIC. Madrid: Centro Reina Sofía, Fundación Fad Juventud. DOI: 10.5281/zenodo.10580052


Descarga del estudio